¿Cómo los corruptos utilizan las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto?

La mayoría de los casos de corrupción en gran escala involucra el uso de entidades jurídicas para ocultar la titularidad y el control de las ganancias procedentes de actos de corrupción. Las autoridades deberían tomar medidas para mejorar la transparencia con el objetivo de reducir las oportunidades para el delito, según un estudio publicado hoy por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés), una asociación creada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

"Necesitamos poner la transparencia empresarial nuevamente en la agenda nacional e internacional", dijo Emile van der Does de Willebois, especialista superior del sector financiero del Banco Mundial, quien dirigió el equipo de investigación de StAR. "Es importante que los Gobiernos mejoren tanto la transparencia de sus entidades jurídicas y acuerdos así como también el cumplimiento de las leyes”.

 El informe How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (Los titiriteros: Cómo los corruptos utilizan las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto) examina cómo los sobornos, la malversación de bienes del Estado y otros actos criminales se ocultan a través de estructuras legales, tales como empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, entre otros. El estudio también ofrece recomendaciones prácticas sobre la manera en la cual los Gobiernos pueden intensificar sus esfuerzos internacionales para descubrir los flujos de fondos provenientes del crimen y evitar que los delincuentes hagan mal uso de sociedades ficticias y otras entidades jurídicas.

El estudio explica cómo funcionarios públicos corruptos y sus asociados ocultan su conexión con fondos mal habidos aprovechando vacíos legales e institucionales que permiten su anonimato en empresas, fundaciones y fideicomisos. También enumera los obstáculos en la investigación y el establecimiento del origen y titularidad de los bienes robados: la dificultad de identificar donde operan las entidades jurídicas y con quienes tienen relaciones de negocios, la falta de acceso a la información sobre los beneficiarios y el uso de estructuras empresariales complejas y constituidas en múltiples jurisdicciones.

Basándose en la evidencia de los participantes, el informe ofrece sugerencias a las autoridades sobre las maneras más efectivas para hacer frente al problema de pagos ilegales hechos a través de empresas de dudosa legalidad. En particular, el estudio recomienda la recolección de información más detallada en los registros de las empresas y que los proveedores de servicios legales, financieros y administrativos (tanto de incorporación como de gestión), y servicios a entidades jurídicas hagan esfuerzos más eficaces de debida diligencia a los que controlan las entidades corporativas.

El documento se basa en una investigación que incluye el análisis de 150 casos de corrupción en gran escala y en un examen de las prácticas de 40 jurisdicciones y sus registros de empresas en materia de recolección, actualización y entrega de acceso a la información de la titularidad de los beneficiarios de las entidades legales. También se basa en las experiencias de más de 77 expertos en 33 jurisdicciones que trabajan en la investigación del uso indebido de las estructuras legales transnacionales.